El Gobierno Municipal de Allende reconoció públicamente que no tuvo dinero suficiente para pagar en tiempo la quincena de sus trabajadores, una obligación básica que cualquier administración debería tener prevista y garantizada.

En lugar de asumir plenamente la responsabilidad por la falta de liquidez, la Presidencia Municipal encabezada por Rafael Payán Morales atribuyó el retraso a que la Secretaría de Hacienda del Estado no autorizó un adelanto de recursos.

El comunicado promete que hasta el último día del mes se cubrirán las dos quincenas pendientes. Mientras tanto, los empleados deberán esperar para pagar alimentos, servicios, créditos y demás compromisos, porque aparentemente las cuentas personales sí pueden esperar cuando las finanzas públicas fueron mal calculadas.

Además, el municipio pidió a la ciudadanía no creer en “rumores”, aunque el hecho central fue confirmado por la propia administración: no se pagó la nómina en la fecha correspondiente.

Más allá del pleito político sobre quién autorizó o no los recursos, la pregunta es inevitable: ¿por qué un gobierno depende de adelantos estatales para cumplir con el pago ordinario de sus trabajadores?

La nómina no es un favor, ni un apoyo extraordinario. Es una obligación. Y cuando una administración no puede garantizarla, el problema no es el rumor: es la evidente falta de planeación financiera.

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