Este jueves entró en vigor la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinar en qué sectores y actividades podrán establecerse los medios electrónicos como única forma de pago.
Publicada el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, la legislación busca impulsar el uso de tarjetas, transferencias y otras herramientas digitales en operaciones comerciales y servicios públicos. Sin embargo, su entrada en vigor no significa que desde hoy todos los negocios deban rechazar billetes y monedas.
Hacienda contará con 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto para publicar su primera determinación de sectores estratégicos y actividades relevantes. Posteriormente, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas correspondientes, que precisarán requisitos, condiciones de operación y mecanismos de transición gradual.
¿Para qué se impulsa este cambio?
Uno de los objetivos es ampliar el acceso a servicios financieros y facilitar que más personas y negocios puedan realizar operaciones mediante cuentas bancarias y medios electrónicos.
La digitalización también permite que las transacciones dejen registros, lo que facilita dar seguimiento al movimiento del dinero. A diferencia de muchas operaciones en efectivo, los pagos electrónicos generan información que puede contribuir a identificar ingresos no declarados y operaciones irregulares.
Esto tiene implicaciones para la fiscalización, aunque pagar mediante transferencia o tarjeta no significa, por sí mismo, que se genere un impuesto nuevo. Las obligaciones fiscales dependen de la naturaleza de la operación y de las disposiciones aplicables.
Entre los medios contemplados se encuentran tarjetas de débito y crédito, transferencias, domiciliaciones, códigos QR y tecnologías de pago por acercamiento, conocidas como NFC.
La legislación también prevé acciones para que autoridades federales, estatales y municipales acepten pagos electrónicos en trámites y servicios. Asimismo, reconoce la CURP Digital como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros a distancia, sin excluir otras identificaciones oficiales.
Los retos para consumidores y pequeños comercios
La transición plantea dificultades para quienes no tienen una cuenta bancaria, carecen de conexión a internet o necesitan apoyo para utilizar herramientas digitales.
Para los comercios, adoptar estos sistemas puede requerir infraestructura, conectividad y ajustes en sus procesos de cobro. Por ello, las condiciones y los tiempos de implementación serán fundamentales para conocer el impacto de la medida.
El ordenamiento contempla que, cuando una contingencia imposibilite temporalmente recibir pagos digitales, se permita utilizar efectivo o cheque.
El efectivo no desaparece desde hoy
La obligación de cobrar exclusivamente por medios electrónicos dependerá de los sectores que determine Hacienda y de sus reglas de aplicación. No corresponde afirmar que todas las tiendas, gasolineras, casetas u otros establecimientos deban dejar de recibir efectivo por la sola entrada en vigor de esta ley.
Para consumidores y negocios, el siguiente paso será conocer cuáles actividades quedarán incluidas, cuándo comenzarán las restricciones y qué condiciones deberán cumplirse para adaptar las formas de pago.
